El debate sobre la edad mínima para tener una cuenta en las redes sociales entra esta semana en una fase decisiva en España. La Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que lleva meses en tramitación parlamentaria, afronta un nuevo paso en el Congreso de los Diputados, con PSOE y Sumar ya con enmiendas pactadas, entre las que figura elevar a 16 años la edad mínima para poder abrirse una cuenta en plataformas que incorporen contenidos considerados posiblemente dañinos para la infancia y la adolescencia.
Una ley para tratar de proteger a los menores Españoles
La propuesta fue anunciada por el presidente español, Pedro Sánchez, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en febrero en Dubái. En ese espacio describió las redes sociales como algo que se había convertido en «un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad». Aquel anuncio no vino solo, sino que formaba parte de un paquete de cinco medidas enfocadas a transformar el uso de las plataformas digitales en España, sumándose a otros cinco países europeos dentro de la llamada Coalición de los Dispuestos Digitales, un grupo que busca coordinar una regulación que sea más estricta con el uso de las redes sociales a escala europea.
El cambio central de la ley es lo que el propio Gobierno ha bautizado como «la mayoría digital a los 16 años». Con ella se quiere elevar el umbral de los 14 años actuales a un mínimo de 16 años para registrarse en redes sociales, aunque contemplando la posibilidad de que los menores puedan abrirse una cuenta bajo autorización expresa de sus padres o tutores. Esto, sin embargo, es algo que aún está en discusión. La obligación que pretende aprobar esta ley, y que se plantea como innegociable, recae sobre las plataformas digitales, las cuales tendrán que implementar sistemas de verificación de edad reales y efectivos, dejando atrás los simples formularios de fecha de nacimiento que cualquier usuario puede rellenar con datos falsos y que ya ha demostrado su nula efectividad.
La norma plantea también una reforma para que los directivos de las plataformas asuman responsabilidad legal si no retiran contenidos que infrinjan la ley o que fomenten el odio, y tipificará como delito la manipulación de algoritmos cuando se utilicen para amplificar de forma artificial contenido ilegal. El Gobierno, en colaboración con la fiscalía, ha anunciado además que analizará el cumplimiento legal de servicios concretos como TikTok e Instagram, las plataformas con mayor presencia entre el público más joven en España.
España no está a sola en esta dirección, aunque sí avanza a un ritmo distinto. Australia ya tiene en vigor desde diciembre una legislación que fija los 16 años como edad mínima para acceder a redes sociales, convirtiéndose en el país de referencia obligada en cualquier comparación internacional. Francia, por su parte, va avanzando con una propuesta que quiere situar el límite en los 15 años, restringiendo además el uso de móviles dentro de los centros escolares, aunque esta propuesta todavía no se ha traducido en una ley aplicada. A nivel continental el propio Parlamento Europeo ha recomendado elevar el umbral general a los 16 años, una señal de que la profunda preocupación que tiene este estamento por el impacto de las redes en la salud mental y el desarrollo de los menores.
El respaldo científico que acompaña a este tipo de medidas se apoya en estudios que documentan alteraciones del sueño, menor actividad física y cambios de humor asociados al uso intensivo de redes sociales entre adolescentes. No faltan, sin embargo, las voces críticas que cuestionan hasta qué punto una verificación de edad «real y efectiva» es técnicamente viable sin comprometer la privacidad de los usuarios, ni hasta qué punto una prohibición legal logrará contener el acceso de los menores a plataformas que ya forman parte de su vida cotidiana. El caso de TikTok resulta especialmente ilustrativo del tamaño del reto: la aplicación suma ya 21 millones de usuarios en España, con más del 40% de su base concentrada entre los 12 y los 24 años, el tramo de edad que esta ley trata precisamente de proteger.
